El Senado de la Nación aprobó este miércoles con cambios por
49 votos a favor, diez en contra y dos abstenciones, y giró a la Cámara de
Diputados, un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal e incorpora
figuras penales como el arrepentido y los delitos de flagrancia y
responsabilidad penal empresaria.
El proyecto fue apoyado por el interbloque Cambiemos y por
el interbloque Argentina Federal, y rechazado por casi todo el Frente para la
Victoria y por el interbloque Progresistas, en tanto que el peronismo puntano
se abstuvo.
La principal modificación realizada por los senadores
durante la sesión fue la eliminación del artículo que recibió duras críticas de
parte de ONGs y de la oposición referido al establecimiento de un sistema de
vigilancia remota que permitiría intervenir teléfonos celulares, tablets o
cualquier tipo de dispositivo electrónico.
La iniciativa actualiza el nuevo Código Procesal Penal
sancionado durante el gobierno de la actual senadora de Unidad Ciudadana
Cristina de Kirchner, quien sufrió una derrota en pleno recinto cuando planteó
una moción para que el proyecto vuelva a comisión y perdió la votación por 44
votos contra 15.
En representación de Cambiemos, el senador por Córdoba
Ernesto Martínez aseguró que "el oficialismo procuró mayores garantías
para todo el mundo" y criticó "la negativa por la negativa
misma" por parte de sectores como el kirchnerismo que votaron contra la
propuesta.
El senador del PJ Rodolfo Urtubey, uno de los autores de la
propuesta junto a Pedro Guastavino, cuestionó las críticas de Fernández de
Kirchner al declarar que "da la sensación de que el tiempo se detuvo el 10
de diciembre de 2015" y fustigó: "parecería que desde entonces nada
de lo que se haga acá tiene validez".
También cuestionó la intervención de la expresidenta el
senador por Cambiemos Esteban Bullrich, quien dijo: "parece que acá
algunos creen que vienen a dar cátedra durante 40 minutos", y le pidió,
sin nombrarla, a la senadora bonaerense "hacerse cargo, porque este
proyecto viene a arreglar los descalabros que dejaron en el sistema de
servicios públicos, energético y el de inteligencia".
Previamente, Urtubey enumeró en el recinto los cambios
introducidos a la iniciativa y especificó en ese sentido que se eliminan dos
capítulos referidos a la vigilancia electrónica.
Este punto es el que mayor controversia había generado por
parte de organizaciones no gubernamentales como el CELS, por lo que Pedro
Guastavino, senador del PJ por Entre Ríos, informó que se retiraba ese tramo
con la promesa de debatirlo "en un futuro cercano".
El artículo 7 del dictamen respecto a la prisión preventiva,
que sustituía el artículo 17 del Código Procesal, también sufrió
modificaciones. "Se vuelve a la redacción original en la acreditación del
peligro real de fuga u obstaculización de investigación", explicó sobre
este punto que también había recibido cuestionamientos.
Respecto al artículo 16, precisó, sobre las funciones del
Ministerio Público Fiscal "se vuelve a establecer la intervención de la
Procuración de establecer la especialización de la investigacion mediante
fiscalias temáticas".
En el caso del artículo 22 vinculado a la colaboración entre
fiscales federales y provinciales se quitó la palabra "encomendar"
para que quede claro que se trata de una coordinación y no de una subordinación
de fiscales federales a los provinciales.
El artículo 25 sobre escuchas telefónicas se refería la
penalización a quienes filtren mencionaba sólo a empleados y excluía a jueces y
fiscales de la responsabilidad, por lo que "se vuelve a poner que la
responsabilidad penal es también de funcionarios y magistrados".
El texto aprobado actualiza el código introduciendo en sus
articulados figuras penales aprobadas en los últimos meses, como flagrancia,
arrepentido y responsabilidad penal empresaria.
"Se trata de normas que introducen cuestiones
procesales que no se compadecen con el nuevo Código Procesal Penal. Entonces,
hubo que hacer una tarea de ensamble y había que acomodar el texto",
explicó Urtubey.
Guastavino rechazó las críticas de la oposición respecto a
que se trata de una ley que busca "perseguir opositores" y a una
supuesta "capacidad estatal para invadir la privacidad al ratificar que se
eliminará para dar un debate más amplio el articulado referido a las vigilancia
remota.
Cristina deKirchner deploró la propuesta aprobada por el
peronismo y Cambiemos, y denunció que existe "un plan sistemático para
apoderarse del Poder Judicial y tener un Poder Judicial diseñado a la
carta".
"Se está construyendo un escudo judicial. Hay hechos
muy puntuales", sostuvo y enumeró la designación de dos jueces en comisión
en la Corte en el inicio de mandato de Macri y el traslado de escuchas
judiciales de la Procuración General de Justicia a la Corte".
Sin embargo, y pese a las furibundas críticas pronunciadas,
la expresidenta decidió no votar y se retiró del recinto, como ocurrió la
semana pasada con el tratamiento de la ley de Defensa de la Competencia.